Safira ha salido de la vivienda de la calle Salvador Allende 2 de la capital alcarreña  las 10 de la mañana camino al hospital. Safira ha salido de la vivienda de la calle Salvador Allende 2 de la capital alcarreña las 10 de la mañana camino al hospital.

Han ejecutado el desahucio de Safira en Guadalajara, pese a que Naciones Unidas había exigido paralizarlo

Decenas de personas se han concentrado esta mañana en el barrio de las Ramblas en Guadalajara y han intentado  evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió su paralización. Finalmente éste se ha producido y la mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia, debido a una cardiopatía que sufre.

 
Decenas de personas han intentado evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, aunque finalmente éste se ha producido y la mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Guadalajara, debido a la cardiopatía que sufre.

El diputado de Podemos en las Cortes regionales David Llorente, que ha sido una de las personas que desde las 6.00 horas de hoy han estado junto a Safira en la vivienda para evitar del desahucio, ha indicado que éste se ha producido entorno a las 10.00 horas, a pesar de las protestas en la puerta de la casa y de que la mujer, que vive sola y padece una cardiopatía por la que le han diagnosticado una discapacidad del 66 por ciento, no tiene otro alojamiento.

Llorente, que ha rechazado duramente el desahucio y la forma en la que se ha llevado a cabo, ha alertado de que la ejecución del mismo ha supuesto incumplir las medidas cautelares establecidas Nacionales Unidas.

Así, ha recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió su paralización, pues además de la discapacidad que padece, se encuentra en una situación de "extrema vulnerabilidad", ya que sus ingresos se reducen a una pensión de 380 euros mensuales.

El diputado de Podemos en las Cortes ha explicado que Safira llevaba varios años como okupa en una vivienda de protección oficial que estaba vacía y que la entidad bancaria propietaria del inmueble ha solicitado el desalojo de esta persona, que debido a la tensión de la situación y a su enfermedad, ha tenido que ser trasladada al Hospital en ambulancia.

Amnistía Internacionalha criticado el desahucio porque no cuenta con una vivienda alternativa, lo que conllevaría incumplir las medidas cautelares establecidas Nacionales Unidas.

Safira, según ha explicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, es pensionista con unos ingresos mensuales de 380 euros,que no puede acceder a una vivienda a precio de mercado.

Esta plataforma ha explicado que Safira “recuperó” una VPO que, en el año 2014, llevaba al menos cinco años vacíay había sido adquirida por Kutxabank que, una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, ha decidido denunciar a Safira para poder vender la vivienda a precio de mercado, a pesar de que ésta se ha ofrecido a pagar un alquiler ajustado a sus ingresos económicos.

La Junta asegura que no es responsable del desahucio y que ofrece alternativas

La Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara ha explicado que el desalojo de esa vivienda no ha sido promovido ni dictado por la Administración autonómica. Es el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda y determinado por el juzgado, una vez analizada la situación de la persona que habita el inmueble, que no está en posesión de título alguno ni de propiedad ni de alquiler de la vivienda.

Dicen que la circunstancia de ocupación de la vivienda de manera irregular impide a la Administración otorgarle una solución habitacional definitiva., porque existe un registro de demandantes de vivienda social, que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 personas inscritas que cumplen los requisitos que la ley exige para ser beneficiario de este tipo de viviendas. La administración no puede saltarse ese listado de manera arbitraria.

No obstante, señalan que son conocedores de la situación de la persona que ocupa el citado inmueble, desde la Dirección provincial de Bienestar Social se han facilitado desde el primer momento diferentes alternativas, siempre en el marco de la legislación vigente. Entre ellas cabe citar una ayuda de emergencia social, que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; alojamiento temporal para situaciones de emergencia social; o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones. Hasta la fecha, la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas.


Decenas de personas se han concentrado esta mañana en el barrio de las Ramblas en Guadalajara y han intentado  evitar el desahucio de Safira Sánchez.

 

Visto 1499 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.