El Supremo avala el permiso para el proyecto fracking de Cronos

El Supremo avala el permiso para el proyecto fracking de Cronos

El proyecto de fracking Cronos que da permiso de investigación de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica en 96.000 hectáreas repartidas entre Guadalajara y Soria podrá seguir adelante, puesto que el Tribunal Supremo ha avalado el permiso que el Gobierno concedió en 2013 al grupo Frontera Energy Corporation y desestima todas las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción alegaba que el proyecto produciría daños irreparables e irreversibles a las aguas superficiales y subterráneas, espacios naturales, calidad del aire y paisajística, entre otros y que requería de impacto ambiental, alegaciones a las que se sumaron la Plataforma contra el fracking de Guadalajara y los ayuntamientos afectados, excepto el de Maranchón, y que fueron formuladas como demanda ante el Supremo en mayo de 2015, por el silencio negativo del requerimiento previo presentado ante el Consejo de Ministros. 

El proyecto "Cronos" afecta en Guadalajara a 17.500 hectáreas de los términos municipales de Alcolea del Pinar, Luzaga, Luzón, Anguita, Bujarrabal (Sigüenza) y Maranchón. Durante los últimos cuatro años ha sido constante la movilización en la zona contra este proyecto.

La demanda de Ecologistas en Acción estaba fundamentada en un documento compuesto por 72 páginas, que hacía especial hincapié en que no se ha realizado una previa Evaluación de Impacto Ambiental Estrategica al proyecto, en la salvaguarda de los espacios naturales protegidos, la falta de medidas de protección medioambiental, la falta de diagnostico de la afección a las aguas superficiales y subterráneas, la omisión del certificado de no afección a la Red Natura 2000 y por la ocultación de información de carácter medioambiental.

La sala de lo Contencioso ha desestimado todos los argumentos de los ecologistas,  y cree que no hay razones para anular el real decreto estatal por el que se reguló el permiso (Real Decreto 317/2013), porque considera  “suficientes” las medidas que recoge el documento que aportó la empresa y cita su propia jurisprudencia para afirmar que “no es exigible” que la evaluación ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental se presenten antes de que se conceda el permiso de investigación.

El proyecto dura seis años y tiene una inversión prevista de 15 millones de euros. Para la primera fase del programa solo se contemplan sondeos, sin utilizar aún la técnica de fracking y esta exploración, según el Supremo, no puede afectar “en nada” a los acuíferos subterráneos. “Solo en un momento posterior, en caso de que se decida perforar en determinadas localizaciones, habrán de obtenerse las correspondientes autorizaciones administrativas y de iniciarse el estudio de impacto medioambiental del sondeo a fin de adoptar las medidas de protección ambiental que se establezcan como necesarias”, concluyen los jueces.

Hay que recordar que Castilla-la Mancha tiene en marcha un proyecto de Ley Ley 'antifracking', cuyo borrador ya fue aprobado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en diciembre de 2015,  que sigue un modelo que ha desarrollando en el País Vasco, que no ha tenido contestación del Tribunal Constitucional, que está en vigor y está permitiendo que una Comunidad Autónoma, en este caso el País Vasco esté libre de 'fracking'. Este borrador si marca como obligatoria la evaluación ambiental para cualquier proyecto de investigación exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que puedan precisar la aplicación de la fractura hidráulica.

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