El PSOE denuncia que adjudicatarios deberían ser dueños de las viviendas desde los años 90, pero no les dieron escrituras y “hoy reina la opacidad sobre su propiedad” El PSOE denuncia que adjudicatarios deberían ser dueños de las viviendas desde los años 90, pero no les dieron escrituras y “hoy reina la opacidad sobre su propiedad”

Las viviendas sociales de San Vicente Paúl en manos de una inmobiliaria

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara llevará al próximo pleno municipal una moción en la que pedirá que las Administraciones Públicas se impliquen y pongan todos los servicios técnicos y jurídicos necesarios para investigar quiénes son los legítimos propietarios de las 96 viviendas sociales de la Conferencia San Vicente de Paúl, en el barrio del Alamín, para proteger los derechos de estos propietarios y evitar que ninguna  organización o sociedad inmobiliaria se quede con sus casas.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Guadalajara, además de pedir la implicación de la institución en la protección de los derechos de los vecinos que en su día fueron adjudicatarios de estas viviendas y sus descendientes, el Grupo Socialista va a solicitar la justificación de todo el dinero público municipal que se ha dado a la Conferencia San Vicente de Paúl para la gestión de estos edificios.

Tal como ha recordado el portavoz socialista, Daniel Jiménez, el Ayuntamiento de Guadalajara gastó en 1993, cuando debería haberse producido la transferencia de la propiedad a los adjudicatarios que llevaban 27 años amortizando un préstamo para tal fin, 9 millones de pesetas en reparar todas las cubiertas de los edificios y todos los años el Consistorio sigue dando dinero público a la Conferencia San Vicente de Paúl para el mantenimiento y conservación de estos bloques de viviendas, “aunque los vecinos dicen que aquí no se ve el resultado de esas actuaciones”, ha matizado.

“Le pido al alcalde de Guadalajara que, igual que ha estado preocupado por lo ocurrido en las viviendas de Gicaman hace unas semanas, venga a los pisos sociales de la Conferencia San Vicente de Paúl y se preocupe por sus inquilinos, que también son vecinos de Guadalajara, también hay que darles atención y hay que ayudarles a preservar sus derechos sobre unas viviendas públicas que algunos quieren que pasen a manos privadas de una manera inaceptable”, ha dicho Jiménez.

Daniel Jiménez ha recordado la historia de la construcción de viviendas sociales de San Vicente de Paúl para explicar “lo tremendamente injusto e irregular de la situación actual”. El origen de la promoción de las 96 viviendas sociales se remonta a 1958, cuando la condesa viuda de Romanones donó un solar a la Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl para que se construyeran los pisos, dirigidos a las personas más necesitadas de Guadalajara. Dicha Conferencia se encargó de la promoción, pero el coste de la construcción, que superó los 6 millones de pesetas de la época, fue sufragado en un 95% por las administraciones públicas y por suscripción popular.

Los adjudicatarios de las viviendas se eligieron a través de un proceso de selección realizado en el año 1962. Eran personas que hasta entonces vivían en cuevas y cuadras. En el contrato de adjudicación estaba estipulado que los 96 adjudicatarios tenían la obligación de pagar todos los meses una cuota en concepto de amortización de préstamo, concedido por el Instituto de Crédito de la época. Es decir, en ningún momento se trató de un alquiler, sino de una hipoteca que los adjudicatarios pagaron durante 27 años y que, al vencimiento de ese periodo, debería haber significado que se convirtiesen en propietarios de las viviendas.

Sin embargo, ni las administraciones ni la Conferencia San Vicente de Paúl informaron a los inquilinos de su derecho de propiedad sobre la vivienda que habían pagado y nunca se hicieron las escrituras públicas para que los adjudicatarios pasasen a ser dueños de sus casas. “Se silenció  y sobre la situación jurídica de la situación de las viviendas hoy existe un gran oscurantismo, hasta el punto de que he intentado hablar con responsables de la gestión de estas viviendas y ha sido del todo imposible”, ha asegurado Daniel Jiménez, por lo que ha pedido a la Conferencia San Vicente de Paúl -a la que ha reconocido la “meritoria labor social que realiza”- que “explique a los medios de comunicación y a la ciudadanía qué está haciendo y qué no ha hecho para que estas viviendas sociales no hayan pasado a ser de sus legítimos propietarios”.

El portavoz municipal socialista ha añadido que “a día de hoy, estás viviendas están siendo alquiladas por la Conferencia San Vicente Paúl sin ningún título que habilite  su arrendamiento, lo que significa que hay gente pagando por vivir en estos pisos alquileres que son irregulares y que incluso tienen consecuencias fiscales, ya que la Conferencia debería explicar cómo ha declarado los ingresos que haya obtenido por dichos arrendamientos”.

Exigencia de transparencia y resarcimiento de derechos a las familias adjudicatarias

La moción del Grupo Socialista pide la implicación de todas las administraciones públicas –Gobierno de España, Gobierno regional, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Guadalajara- en el objetivo de aclarar quiénes son los legítimos propietarios de las 96 viviendas y preservar sus derechos. “Lo que tenemos claro es que la Conferencia San Vicente de Paúl no es la propietaria de estas viviendas, porque lo son las familias adjudicatarias que pagaron mensualmente la cuota de amortización del préstamo o sus descendientes y, en todo caso, si no hay un titular de la propiedad ésta correspondería a las administraciones públicas, en particular a la que tiene las competencias en materia de vivienda, que es la Junta de Comunidades”, ha subrayado Daniel Jiménez.

El portavoz socialista ha lamentado que en su día no se informase de sus derechos a los adjudicatarios de las viviendas sociales y sus descendientes, que “jamás pensaron que los pisos eran de su propiedad ni tuvieron acceso a la documentación y los contratos de sus casas”, y ha advertido que “estas 96 viviendas sociales no pueden acabar en ninguna sociedad inmobiliaria de la Conferencia San Vicente de Paúl, porque es inaceptable”.

Por ello, ha pedido “la máxima transparencia, porque estamos hablando de población muy necesitada y del resarcimiento de los derechos de familias que, con toda la ilusión del mundo vinieron a vivir por primera vez en una casa con agua corriente, aseo y suelo firme, de adjudicatarios que ya han fallecido y sus descendientes ignoraban esta situación, lo que ha significado que a día de hoy se han quedado sin una casa que pagaron amortizando un crédito”.

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