Riofrío del Llano, con sus pedanías de Cardeñosa y Santamera fue el primer municipio en aprobar ordenanzas contra el vertido de purines. Riofrío del Llano, con sus pedanías de Cardeñosa y Santamera fue el primer municipio en aprobar ordenanzas contra el vertido de purines.

Ofensiva de 70 municipios de Guadalajara contra las macrogranjas porcinas

Los ayuntamientos de Guadalajara están plantándole cara a las macrogranjas porcinas, con las herramientas legales que pueden: suspensión de licencias y elaboración de ordenanzas que regulen el vertido de purines, manteniendo unas distancias mínimas y necesarias para salvaguardar la calidad de sus vecinos.

 
Según la información que maneja Ecologistas en Acción de Guadalajara, el primer municipio que publicó oficialmente y puso en marcha una ordenanza de regulación del vertido de purines, fue Riofrío del Llano, con sus pedanías de Cardeñosa y Santamera. Consiguieron parar el proyecto de instalación de una macrogranja de 1.990 cabezas en su municipio gracias a la oposición social y del propio ayuntamiento.
 
Le siguió Brihuega, donde se consiguió parar la mayor macragranja proyectada hasta la fecha en nuestra provincia con más de 36.000 cabezas de porcino. Por supuesto, la ordenanza municipal regula el vertido de purines en Brihuega y sus pedanías de Archilla, Balconete, Castilmimbre, Civica, Fuentes de la Alcarria, Hontanares, Malacuera, Olmeda del Extremo, Pajares, Romancos, Tomellosa, Valdesaz, Villaviciosa de Tajuña y Yela.
 
Después llegó Sigüenza, quien aprobó una suspensión de licencias durante un año, desde el pasado mes de abril, mientras se tramitaba la ordenanza, que ya ha sido aprobada. La regulación del vertido de purines se llevará a cabo en Sigüeza y sus 28 pueblos pedáneos (Alboreca, Alcuneza, Barbatona, La Barbolla, Bujalcayado, Bujarrabal, Carabias, Cubillas del Pinar, El Atance, Guijosa, Horna, Imón, La Cabrera, Matas, Mojares, Moratilla de Henares, Olmedillas, Palazuelos, Pelegrina, Pozancos, Querencia, Riba de Santiuste, Riosalido, Torre de Valdealmendras, Ures, Valdealmendras y Villacorza).
 
Alustante y su pedanía de Motos, Corduente y sus pedanías de Aragoncillo, Canales de Molina, Castillo de Santiuste, Terraza y Torete, Maranchón y sus pedanías de Balbacil, Clares, Codes y Turmiel, también han aprobado su ordenanza.
 
Y, como cada vez son más los alcaldes que quieren proteger su territorio de las molestias ocasionadas por las macrogranjas y los purines generados, los municipios de Mochales, Algar de Mesa, Castellar de la Muela, Villel de Mesa, Ciruelos del Pinar y Anguita, con sus pedanías de Aguilar de Anguita, Padilla del Ducado, Santa María del Espino y Villarejo de Medina, están estudiando y desarrollando la implantación de este tipo de ordenanzas.
 
"La suma de todos ellos, llega a 70 pueblos de Guadalajara en los que verter purines lo va a tener muy difícil." señalan desde Ecologistas en Acción de Guadalajara que felicita estas iniciativas y anima al resto a hacer lo mismo.
 
Las Ordenanzas Municipales de regulación del vertido de purines y otros residuos procedentes de origen ganadero, tienen como finalidad principal establecer las medidas necesarias para prevenir la contaminación medioambiental, salvaguardar la salud de los vecinos y velar por su calidad de vida, intentado evitar las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por estos vertidos.
 
La necesidad de proteger a todos los habitantes de los municipios, en cuanto a los ámbitos de la salubridad, higiene y condiciones medioambientales, vienen recogidos en la Constitución Española. En este sentido, los purines de las granjas de ganado porcino se revelan como los más perjudiciales y su vertido afecta a la calidad de vida de las personas y a su salud, al medio ambiente, al turismo, etcétera. De ahí que las Corporaciones Municipales, en el ejercicio de sus atribuciones, determinen regular diversos aspectos relacionados con dicho vertido en al articulado de las Ordenanzas.
 
Todo ello dentro del marco normativo configurado por el Derecho Comunitario Europeo, los artículos 43 y 45 de la Constitución Española y la Normativa Sectorial tanto Autonómica como Estatal, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25. 2 f) y 28 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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